El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y la Defensoría Pública suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá a  los campesinos y agricultores del país, de bajos recursos económicos, acceder a la asesoría y representación judicial, en trámites relacionados con la legalización de tierras.

El documento fue suscrito por el ministro del MAGAP, Javier Ponce Cevallos; y el defensor Público General, Ernesto Pazmiño Granizo.

El propósito de este instrumento es garantizar una defensa jurídica profesional en trámites que requieran el patrocinio de un abogado en procesos relacionados con reversión y oposición a la adjudicación, exhibición de títulos, declaratoria de inexistencia de adjudicaciones de tierras rurales, invasiones, revisión de expedientes para la legalización de la tierra,  entre otros procesos administrativos.

Ponce resaltó que este convenio facilitará la entrega de títulos de propiedad a posesionarios que, por la falta de recursos económicos, han permanecido marginados.

Ernesto Pazmiño, defensor Público General del Estado, aseguró que el organismo que preside se compromete a proporcionar asesoría jurídica gratuita, a través de sus profesionales. Por tanto “es de exclusivo beneficio social en servicio de los campesinos y agricultores del país”.

Para ello, se designarán al menos dos defensores públicos en cada Dirección Distrital de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria del MAGAP (distritos Central, Austral, Centro Oriental y Centro Occidental).

El MAGAP desarrollará programas de capacitación a los defensores públicos sobre los trámites administrativos y jurídicos establecidos en la Ley de Desarrollo Agrario. Además, facilitará la infraestructura física para que los defensores designados cumplan con el trabajo establecido en el acuerdo.

Dirección Nacional de Comunicación