Control interinstitucional de precios de arroz, maíz duro y banano
Guayaquil, 11 de mayo de 2018. El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Rubén Flores Ágreda, envió sendas cartas a los directivos de las industrias avícolas, piladoras de arroz y exportadoras de banano, informándoles que se realizará un control interinstitucional para hacer respetar los precios determinados en los acuerdos ministeriales respectivos, con la finalidad de garantizar la actividad de los productores agrícolas, sobre todo, de los pequeños.
Con esto se dará tranquilidad a los productores y se precautelará que todos los eslabones del sistema productivo actúen bajo los principios de transparencia, buenas prácticas comerciales y competencia leal.
Para el efecto, el Ministerio coordinará continuamente y con las entidades competentes: gobernaciones, intendencias, Superintendencia de Control de Poder del Mercado, Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), Senae, SRI, “las acciones de control encaminadas al cumplimiento del marco legal y la observancia de los precios vigentes” para dar “tranquilidad a los productores y precautelar que todos los eslabones del sistema productivo actúen bajo los principios de transparencia, buenas prácticas comerciales y competencia leal”.
“El Ministerio de Agricultura y Ganadería, con base a su autoridad rectora, el marco legal vigente y sus competencias, garantizará la seguridad jurídica, administrativa y financiera de la actividad productiva y de los actores de la cadena”, señalan las cartas.
El Ministro también señaló en los oficios al sector bananero que “exportador que no suscriba contrato con los productores y/o comercializadores, no podrá exportar el producto, al igual que el exportador que utilice los cupos en el mercado spot”.
Adicionalmente se recordó que el Código Integral Penal establece sanción privativa de uno a tres años para quien no pague los precios establecidos.
El ministro Flores ratificó, además, que se remitió a la Presidencia de la República un proyecto de Decreto Ejecutivo que establece mecanismos para evitar los excesivos márgenes de utilidad que se generan en la comercialización de los insumos agropecuarios que ingresan al país.