Objetivo específico: Gestionar el saneamiento y la resolución de conflictos sobre la posesión y adjudicación de tierras rurales estatales, originados tras los trámites de titulación, adjudicación o redistribución, aplicando principios de seguridad jurídica, debido proceso, políticas de cultura de paz y medios alternativos de solución de conflictos, en cumplimiento de la normativa agraria vigente.