Ecuador, 27 de julio de 2020.- Los productores agropecuarios no pagarán el anticipo del Impuesto a la Renta, cancelarán un impuesto único; así también tendrán opciones para formalizarse y beneficiarse de las Buenas Prácticas Agropecuarias. Estas son algunas de las herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional para la recuperación económica postcovid, y que desde este lunes entran oficialmente en vigencia en todo el país, junto con la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria.

El anuncio lo hizo el ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo, durante una rueda de prensa virtual que brindó desde la estación experimental Pichilingue, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en Quevedo, provincia de Los Ríos.

Los componentes de esta Ley, en el ámbito agropecuario, se diseñaron en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y brindan un importante beneficio al sector. Por ejemplo, en rubros como el banano, la normativa viene atada a la aplicación de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), lo que hace posible una reducción del 50% de la tarifa de los impuestos en la fase de exportación, de manera progresiva y de acuerdo al volumen de fruta.

En su artículo 14, sobre el Impuesto a la Renta Único para el sector bananero, la Ley dispone que la “producción y venta local de banano paga hasta 2% por facturación de las ventas brutas”, y que este monto puede bajar al 1% para el micro productor. También, “se reduce al 1% si el productor obtiene el certificado de Buenas Prácticas Agrícolas, emitido por Agrocalidad”. Este beneficio se aplica para esquemas asociativos de venta de banano y otras musáceas, especifica la normativa.

“La cadena de musáceas en general no solo que va reducir sus impuestos, sino que va a promover una política de sostenibilidad en todo el territorio nacional”, dijo el ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo Guerrero.

El mencionado cuerpo legal, que fue publicado en el Registro Oficial el pasado 31 de diciembre, contempla además una disminución del 50% del ICE a las bebidas alcohólicas que utilizan no menos de un 70% de materia prima local, esto es, arroz cebada maíz, almidón de yuca, papa, banano, entre otros rubros útiles para la industria. Se estima que, como efecto directo de esta normativa, la producción de más de 30.000 hectáreas de cultivo, sea comercializada en un modelo de agricultura por contrato, a través de las industrias alcoholeras del país y de manera directa con los productores.

Por otro lado, y en su visión de fortalecer al pequeño productor, el artículo 15 de la normativa dispone un “Impuesto a la Renta Único para la producción y comercialización local” que va del 1 al 1,80%, dependiendo del nivel de ingresos. Este tributo, si bien es opcional, funciona con un esquema de tabla a la que todo agricultor, sea grande o pequeño, puede acogerse según su escala. De ahí que tiene un “espíritu” de formalización, más no de recaudación.

Para el ministro Lazo, el diseño de esta Ley en el ámbito agropecuario también fomenta el espíritu de la formalización de los productores; permite enfrentar el contrabando, porque se hacer una trazabilidad, así como enfrentar los problemas zoo y fitosanitarios de forma más ordenada y lo más importante, adaptarse al ciclo biológico del flujo de caja de cada actividad, que va de la mano de la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta.

Agregó que estas acciones van de la mano con el Registro Nacional Agropecuario, e indicó que en general, se prevé que la formalización, así como la adopción de las BPA, a través de una fórmula de simplificación tributaria como la que ofrece esta Ley, permita caminar hacia mejores condiciones de producción y comercialización de los pequeños y grandes productores, y a enfrentar los desafíos propios de la actividad agrícola de una manera sostenible.