MAGAP entrega 3.000 títulos de propiedad en Azuay

Tres mil títulos de propiedad entregó, en Azuay, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través del Proyecto Unificado de Acceso a la Tierra de los Productores Familiares y Legalización Masiva en el Territorio Ecuatoriano.

 

Quienes cumplieron con los requisitos para acceder a este beneficio, recibieron sin costo alguno las escrituras públicas de sus terrenos rurales. Una vez legalizados los terrenos, los posesionarios tienen la posibilidad de acceder a programas gubernamentales como: créditos en el Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional, así como acceso al bono de la vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

 

Manuel Once, beneficiario de este proyecto, agradeció al Gobierno Nacional por ayudarle a obtener su título de propiedad y así  para legalizar su predio.

 

Hugo Mata, gerente del Proyecto Unificado de Acceso a Tierras indicó que en lo que va del año en la zona austral se han entregado alrededor de 11.000 títulos, y hasta el año 2015 se espera entregar unos 315.000 títulos en todo el país.

 

Javier Serrano Salgado, Coordinador Zonal 6 del MAGAP destacó el apoyo de los notarios, registradores de la propiedad y alcaldes de los distintos cantones, para continuar con este proceso de legalización de tierras. Dijo que este acto reivindica el derecho a la tierra de los campesinos, acreditando al campesino como auténtico dueño de sus predios.

 

Felipe Mendieta, director Distrital de la Subsecretaría de Tierras, afirmó que el acceso equitativo a la tierra es una de las políticas agrarias que el Gobierno Nacional ejecuta a través del MAGAP.

 

Leonardo Berrezueta, Gobernador de la Provincia del Azuay, expresó que “hoy somos testigos de un proceso que democratiza el acceso a los beneficios que el Gobierno Nacional brinda”, y agregó que políticas públicas como éstas son las que se necesitan para alcanzar la revolución agraria.

 

La entrega de escrituras públicas, que se ejecuta con este Proyecto, da a los campesinos la seguridad jurídica en la propiedad de la tierra, y se orienta a fomentar el desarrollo agrícola sustentable; acceso a las políticas públicas; créditos para incrementar la productividad; y cumplir con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.


 

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